La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación formal contra agencias aduanales y funcionarios públicos luego del aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Altamira, Tamaulipas, realizado a finales de marzo por fuerzas federales.
El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, informó que el decomiso incluyó 192 contenedores, un buque, 29 tractocamiones, además de armamento y vehículos. En declaraciones recientes, el fiscal detalló que el barco involucrado fue asegurado de inmediato y que ya se han iniciado procedimientos contra las personas responsables.
“De inmediato se aseguró el barco, y ya se iniciaron las acciones contra las agencias aduanales y contra los funcionarios que hubieran permitido que bajara ese diésel. A todos ya se les inició el procedimiento y el barco está detenido y están asegurados muchos litros de diésel”, precisó Gertz Manero.
Asimismo, el fiscal general señaló que la documentación presentada sobre el contenido del buque fue falsificada, por lo que aún no se cuenta con información oficial y verificada del cargamento.
“No tenemos todavía la información firme porque toda la documentación aduanal está falseada. Venía por cantidades que no eran, con un tipo de combustible que no era y, con esa información falsa, cualquier tipo de dato, hasta que no nos lo den todos los servicios internacionales de salida, no lo podemos ratificar”, explicó.
Las investigaciones se centran en esclarecer el origen del combustible, el destino final, así como el posible involucramiento de autoridades aduanales y otros servidores públicos. La FGR no ha descartado la posibilidad de que se trate de una red de contrabando de hidrocarburos de gran escala.
Este operativo se suma a los esfuerzos del gobierno federal para combatir el robo de combustible y el tráfico ilegal de energéticos, delitos que generan millonarias pérdidas al erario y representan un riesgo para la seguridad energética del país.
