En México, 172 niñas y niños menores de tres años están privados de su libertad sin haber cometido delito alguno. Su único vínculo con la cárcel es haber nacido de mujeres privadas de la libertad, con quienes permanecen durante sus primeros años de vida. Esta situación, documentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), revela una problemática poco visible: la infancia que crece entre barrotes.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024, el estado con mayor número de menores viviendo en centros penitenciarios es Tamaulipas, donde 23 infantes comparten celda con sus madres. La ciudad de Reynosa, considerada la más violenta del estado, concentra el mayor número de estos casos: nueve mujeres conviven con 11 hijos en el Centro de Ejecución de Sanciones.
En otras localidades tamaulipecas también se presentan estos casos:
- En Ciudad Victoria, capital del estado, se encuentran siete niñas y niños.
- En Altamira, tres.
- En Matamoros, dos.
Los menores son cuidados por 12 mujeres internas que dieron a luz tras las rejas o fueron detenidas estando embarazadas. A nivel nacional, 169 mujeres viven esta doble condición: son reclusas y madres al mismo tiempo.
Aunque la Ley Nacional de Ejecución Penal permite que los menores permanezcan con sus madres en prisión hasta los tres años, esta práctica genera un debate sobre sus derechos y el impacto emocional que produce la posterior separación. Cumplida esa edad, los menores deben ser entregados a un familiar que asuma su custodia, una transición que con frecuencia resulta traumática.
La situación de Tamaulipas no es aislada. Otros estados con cifras elevadas de niñas y niños en prisión son:
- Jalisco, con 20 menores.
- Hidalgo, con 13.
- Guerrero, con 12.
- Michoacán y Tabasco, con 11 cada uno.
- Quintana Roo y Chihuahua, con 10.
- Oaxaca, con ocho.
- Durango y Morelos, con seis cada uno.
En respuesta a esta realidad, la diputada federal Ofelia Socorro Jasso Nieto propuso una reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que busca atender con mayor sensibilidad a los menores que viven en centros penitenciarios. La iniciativa plantea cambios a los artículos 10, 23 y 116 de la ley para garantizar condiciones adecuadas durante su estancia y una separación menos traumática de sus madres.
“La mayoría de los reclusorios no están diseñados para atender las necesidades de los menores. No cuentan con espacios educativos, ni áreas recreativas que permitan su sano desarrollo”, expuso la legisladora. Agregó que muchos niños muestran miedo extremo al salir de prisión y enfrentarse por primera vez a situaciones cotidianas, como ver un automóvil en movimiento o convivir con animales.
Jasso Nieto propuso que los menores puedan realizar salidas periódicas a espacios públicos como parques o museos, lo que contribuiría a su desarrollo integral. Asimismo, pidió crear protocolos de separación gradual con apoyo psicológico y trabajo social, además de programas de seguimiento una vez que abandonen el entorno carcelario.
La reforma también busca atender la desigualdad en los recursos asignados por los estados para cubrir las necesidades básicas de esta población infantil, y recuerda que México tiene compromisos internacionales, como las Reglas de Bangkok y las Reglas Nelson Mandela, que obligan al país a garantizar condiciones dignas para madres e hijos en reclusión.
La propuesta legislativa fue presentada formalmente el 23 de abril, y subraya un pendiente urgente en la agenda de derechos humanos: proteger la infancia que, sin haber cometido delito alguno, comienza su vida tras las rejas.
