El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la fiscal general Pam Bondi han instruido a todas las agencias federales encargadas de la frontera con México a aplicar una política más estricta para detener el tráfico de armas hacia el sur. La iniciativa busca frenar el suministro de armas que alimenta la violencia de los cárteles de droga en México, según anunciaron funcionarios federales durante una rueda de prensa en Arizona.
La acción incluye una mayor colaboración entre el Departamento de Justicia, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego (ATF) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Además, se advirtió que los intermediarios que compren armas en tiendas estadounidenses para su tráfico hacia México enfrentarán sanciones más severas. Esta medida responde a la reciente designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
En febrero, la administración Trump clasificó a varios cárteles como el Cártel de Sinaloa, el CJNG, y otros grupos como organizaciones terroristas extranjeras. Esta designación permite aplicar nuevas leyes y sanciones, como la congelación de activos y la prohibición de brindar apoyo financiero a dichos grupos, lo que refuerza la lucha contra su poder económico.
El fiscal interino para Arizona, Timothy Courchaine, subrayó que esta estrategia refleja un cambio significativo en la actitud de Estados Unidos respecto a los cárteles, considerando que su violencia afecta tanto a México como a Estados Unidos. El gobierno de Trump espera que estas medidas sean clave para reducir el tráfico de armas y la violencia relacionada con los cárteles en ambas naciones.
