Las autoridades de California emprendieron acciones legales contra Donald Trump por ordenar el envío de la Guardia Nacional al estado sin autorización del gobernador. El despliegue tuvo como objetivo contener las protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias, lo que generó un conflicto entre el gobierno estatal y la administración federal.
El gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta señalaron que esta medida vulnera la Décima Enmienda de la Constitución al invadir competencias estatales. Además, cuestionaron la legalidad de federalizar tropas cuando las manifestaciones estaban bajo control y no existía una solicitud formal del estado.
Se trata del primer despliegue de este tipo sin el consentimiento del gobernador desde 1965, lo que provocó una fuerte reacción de Newsom, quien defendió su facultad para activar a la Guardia Nacional en situaciones de emergencia, como incendios o disturbios previos.
La tensión se intensificó cuando un funcionario federal sugirió que Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles podrían ser arrestados por oponerse a las acciones del gobierno. El gobernador respondió con ironía, dejando clara su postura ante lo que considera un abuso de poder.
