La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo unánime el 5 de junio de 2025, negando la posibilidad de que México demandara a empresas fabricantes de armas por la violencia vinculada a los cárteles de droga que operan en territorio mexicano. El tribunal confirmó que una ley federal vigente protege a estas compañías frente a reclamaciones basadas en el uso ilegal de sus productos por parte de terceros.
El proceso judicial comenzó en 2021 cuando el gobierno mexicano presentó una demanda contra fabricantes como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock, acusándolos de vender armas que posteriormente son traficadas ilegalmente a México y utilizadas en actos criminales. México buscaba una compensación económica millonaria y que se ordenara modificar las prácticas comerciales de estas empresas.
Aunque un juez federal inicialmente desestimó la demanda por una ley de protección aprobada en 2005, un tribunal de apelaciones revivió el caso al considerar que existía una excepción aplicable. No obstante, la Corte Suprema resolvió que dicha excepción no es válida en este contexto, reafirmando la inmunidad legal para los fabricantes ante el uso ilícito de sus armas por terceros.
Se estima que cada año entre 200,000 y 500,000 armas fabricadas en Estados Unidos son introducidas ilegalmente a México, representando alrededor del 70% de las armas recuperadas en escenas delictivas. A pesar de la gravedad de esta problemática, la decisión judicial cierra la puerta para que México responsabilice legalmente a los fabricantes estadounidenses.
