El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, consiguió una suspensión definitiva que impide una nueva detención por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, siempre y cuando obtenga su libertad. Actualmente se encuentra preso en el penal del Altiplano, por lo que la medida solo surtirá efecto si queda libre por alguna vía legal.
La resolución fue emitida por un juez federal en Toluca como parte de un amparo promovido por su defensa. Esta protección frena el cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con la supuesta compra ilegal de la Isla Frontón, propiedad que, según la Fiscalía General de la República (FGR), habría adquirido con recursos de origen ilícito.
Aunque la suspensión impide que Yarrington sea detenido por esta nueva causa penal si llega a salir del penal, no evita que la FGR ejecute dicha orden mientras permanezca bajo custodia. Para mantener vigente la medida, el exmandatario deberá pagar una garantía de 500 mil pesos, según lo establecido por una jurisprudencia reciente aplicable incluso a casos con prisión preventiva obligatoria.
Esta nueva acusación se suma al proceso que ya enfrenta por delitos contra la salud. Además de la Isla Frontón, las autoridades lo vinculan con la adquisición de otros bienes como ranchos, inmuebles y un yate, presuntamente comprados a través del empresario Antonio Peláez Pier, señalado como su prestanombres. El caso continúa generando reacciones, especialmente entre quienes exigen que se garantice justicia en hechos de corrupción de alto nivel.
