Con 26 votos a favor y en menos de 24 horas, el Congreso local autorizó al Gobierno del Estado contratar un crédito a 25 años con cargo a participaciones federales.
En una sesión extraordinaria celebrada este 15 de julio, el Congreso de Tamaulipas aprobó por mayoría calificada un dictamen que autoriza al Gobierno estatal, encabezado por Américo Villarreal Anaya, contratar un crédito bursátil por hasta mil millones de pesos. El financiamiento será pagado a largo plazo con recursos provenientes del 2.31% del Fondo General de Participaciones, sin comprometer las participaciones municipales.
El diputado Isidro Vargas Fernández, presidente de la Comisión de Finanzas, aseguró que el objetivo es impulsar proyectos de inversión pública productiva en temas como infraestructura hidráulica, saneamiento, movilidad y servicios públicos esenciales. Los pagos podrían iniciarse hasta 2028, al cierre del actual sexenio, gracias a un periodo de gracia de 36 meses.
¿Cómo se aprobó el dictamen?
El dictamen se discutió y votó en una sesión extraordinaria con apenas 24 horas de anticipación. La votación final cerró con 27 votos a favor, 5 abstenciones y 4 ausencias, logrando así la mayoría calificada requerida para este tipo de endeudamiento.
Apoyaron la propuesta los grupos parlamentarios de Morena, PT, PVEM y PRI, mientras que PAN y Movimiento Ciudadano se abstuvieron sin presentar postura alguna durante la sesión. Llamó la atención la ausencia de tres legisladores panistas y una diputada de Morena, quienes no participaron en una decisión que compromete las finanzas estatales por al menos 25 años.
¿Para qué se utilizarán los recursos?
El decreto establece que el crédito será contratado exclusivamente para proyectos de inversión pública productiva. Estos incluyen la construcción y rehabilitación de infraestructura hidráulica, adquisición de equipo médico, educativo y de transporte, así como mejora de servicios en zonas vulnerables.
El legislador Isidro Vargas subrayó que el financiamiento está alineado a la Agenda 2030 de la ONU, con enfoque en objetivos como agua limpia, saneamiento, infraestructura sostenible y justicia social. Aseguró que esta medida no compromete la estabilidad fiscal y que cuenta con respaldo normativo local y federal.
