La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) avanza con un proceso legal para retirar construcciones asentadas dentro del cauce del río San Marcos, en Ciudad Victoria. De acuerdo con Jaime Gudiño Zárate, director del Organismo de Cuenca Golfo Norte en Tamaulipas, ya se han emitido 21 notificaciones a viviendas ubicadas en zona de riesgo y continúan las inspecciones en otras seis.
El funcionario explicó que estas acciones forman parte de un programa nacional de saneamiento y recuperación de ríos, en el que cada oficina regional fue instruida a “adoptar” un afluente. En este contexto, el río San Marcos ha sido objeto de trabajos de limpieza, reparaciones de infraestructura sanitaria y ordenamiento territorial.
La CONAGUA determinó que varias construcciones están no solo en zona federal, sino directamente dentro del cauce, lo que representa un riesgo ante posibles crecientes. El primer procedimiento es administrativo: se notifica al ocupante, se otorga un plazo para presentar documentación y se abre una etapa de evaluación. Cada caso se analiza de forma individual.
El organismo detectó que gran parte de los residentes no cuentan con documentos legales que acrediten la propiedad; en varios casos solo presentan cartas poder, las cuales no tienen validez jurídica para justificar la posesión del terreno.
Gudiño Zárate dejó en claro que el uso de maquinaria para retirar viviendas se contempla únicamente como última fase del proceso, una vez agotadas todas las etapas legales y solo si no se logra acreditar el derecho a permanecer en el lugar. Añadió que, llegado ese punto, las familias serán notificadas con antelación antes de cualquier acción física.
Respecto a otros asentamientos cercanos, como la zona del colegio Antonio Repiso, el director indicó que existe un decreto que suprimió la zona federal en ese tramo, lo que genera una situación legal diferente. No obstante, confirmó que también ahí se realizarán revisiones para asegurar que no existan riesgos o irregularidades.
El procedimiento continuará en las próximas semanas. El objetivo, según la CONAGUA, es liberar el cauce del río para prevenir tragedias y permitir su uso público, aunque de momento no se han anunciado opciones concretas de reubicación para las familias que eventualmente deban abandonar sus viviendas.
