Autoridades federales de Estados Unidos detuvieron a cinco residentes del Valle de Texas acusados de fraude electrónico y enriquecimiento ilícito mediante préstamos de emergencia otorgados durante la pandemia de COVID-19. Entre los arrestados se encuentra Lesley “Ch”, esposa del regidor de Río Bravo, Bernardo “G”, lo que coloca a la administración municipal en el centro de un nuevo escándalo.
De acuerdo con el fiscal federal Nicholas J. Ganjei, los detenidos son: Sandra “P” (60), de Rancho Viejo; Lesley “Ch” (42), de Edinburg; Rolando “S” (51), de Harlingen; Bernardo “G” (46), de Edinburg; y Edgar “G” (45), de Brownsville.
Los cargos surgen de una acusación formal de ocho apartados que señala la presentación de solicitudes fraudulentas de préstamos al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y al Programa de Préstamos por Desastres Económicos (EIDL), ambos creados por el gobierno de EE.UU. para apoyar a pequeñas empresas durante la emergencia sanitaria.
Esquema de fraude millonario
Según la investigación, de junio de 2020 a noviembre de 2021, los acusados alteraron documentos fiscales y comerciales para inflar sus solicitudes de crédito y obtener mayores recursos. Una vez aprobados, los fondos fueron desviados para gastos personales, inversiones privadas e incluso cuentas de criptomonedas, en lugar de destinarse al pago de nómina y operaciones de sus negocios.
El daño total asciende a 685,800 dólares, equivalentes a más de 11 millones de pesos.
Entre los ejemplos más graves está el de Chávez y Gómez, quienes usaron recursos para comprar equipo de una imprenta y transferir dinero a cuentas personales. En otro caso, Solis obtuvo más de 200 mil dólares para sus empresas de organización de eventos, que después destinó a gastos particulares.
Audiencias en tribunales federales
Los últimos arrestados, Solis y Chávez, comparecieron este viernes ante el juez federal J. Scott Hacker en McAllen, Texas. Los otros tres acusados ya habían comparecido en audiencias previas.
Todos enfrentan cargos por fraude electrónico, delito que en Estados Unidos se castiga con hasta 20 años de prisión y multas de hasta 250 mil dólares.
Impacto político en Río Bravo
El caso ha provocado repercusiones en Tamaulipas, pues se trata además del regidor y operadores políticos más cercanos al alcalde de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz, quien ya enfrenta críticas por los vínculos de su equipo con este entramado financiero ilegal. La detención de la esposa del regidor Gómez y la comparecencia de él mismo ante autoridades estadounidenses, abren un flanco de vulnerabilidad política para el ayuntamiento e incluso riesgo de también ser llamado por las autoridades estadounidenses.
