Un total de 70 denuncias, de las cuales 14 son de tipo penal, fueron presentadas por la Secretaría de Salud de Tamaulipas en contra del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y varios exfuncionarios, por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos de obra pública que habrían provocado un daño al erario de más de 343 millones de pesos, relacionados con empresas de los hermanos Carmona.
De acuerdo con el director jurídico y apoderado legal de la dependencia, Iván Saldaña Magaña, el monto del quebranto asciende a 343 millones 966 mil pesos, pagados a dos compañías vinculadas con los Carmona: Grupo Industrial Perma, representada por Julio César Carmona Angulo, y Grupo Industrial Joser, a cargo de Carlos Alejandro Romero Vega.
Durante la conferencia, en la que también participaron el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro; la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo; y la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván, se informó que las denuncias fueron presentadas ante el Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación y la propia Secretaría Anticorrupción. Las conductas detectadas incluyen uso indebido de atribuciones y facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre los involucrados se encuentran, además del exgobernador, la exsecretaria de Salud Gloria de Jesús Molina Gamboa, el exsubsecretario de Planeación Horacio García Rojas Guerra, el exsubsecretario de Administración y Finanzas Alejandro Aguilar Poegner y Román Castillo Airola, exdirector de Compras de la Secretaría de Administración.
Saldaña precisó que las irregularidades se originaron durante los ejercicios fiscales 2017 y 2018, cuando se firmaron contratos de prestación de servicios que permitieron a las empresas de los hermanos Carmona convertirse en proveedores de mantenimiento para hospitales de la entidad.
El funcionario añadió que el modus operandi consistió en celebrar contratos por 500 millones de pesos, pero de forma “extraña y sospechosa” se dejaron de pagar 157 millones, sin que exista evidencia de que los proveedores hayan presentado acciones legales por la falta de pago.
Para concluir, Saldaña resaltó que han recibido apoyo de excolaboradores de la pasada administración y enfatizó que no se trata de una persecución política, sino de un esfuerzo por “transparentar los hechos que dañaron las finanzas estatales y el sistema de salud de Tamaulipas”.
