El subsecretario de Ejecución de Sanciones en Tamaulipas, Juan Antonio Sánchez Ruiz, afirmó que hasta ahora no existe evidencia que confirme que llamadas de extorsión provengan de los penales del estado. Señaló que la información que entregan las compañías telefónicas es imprecisa, ya que únicamente ubican las llamadas con base en las antenas más cercanas.
Durante un recorrido por el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, el funcionario explicó que este penal cuenta con 10 inhibidores de señal que se actualizan cada seis meses, y que en total se adquirieron 40 para los cinco Cedes de la entidad. Añadió que cuando se entregaron inicialmente, los equipos no funcionaban, por lo que tuvieron que ser reparados.
Al responder a las acusaciones de los gobernadores de Nuevo León y Guanajuato, quienes señalaron que las extorsiones telefónicas en sus entidades provenían de cárceles tamaulipecas, Sánchez Ruiz reiteró que no se ha podido comprobar esa situación. Explicó que en el caso del penal de Altamira, existen tres antenas cercanas a 600 metros, un kilómetro y tres kilómetros lo que permite que la delincuencia organizada pueda aprovecharlas para desviar la atención y culpar a los penales.
El subsecretario reconoció que existe un déficit de custodios en los centros penitenciarios, pues se cuentan con 400 elementos cuando se necesitaría el doble para cubrir la norma. Sin embargo, sostuvo que esta cifra ha sido suficiente para mantener el orden interno. También destacó que los cateos en los penales son permanentes y aseguró que en las revisiones no se han localizado teléfonos celulares.
