El Senado de la República aprobó una nueva ley que endurece las penas por extorsión y cierra por completo el paso a las llamadas delictivas desde cárceles, en medio del crecimiento de este delito en todo el país. Con 110 votos a favor, la Cámara Alta dio luz verde a un proyecto que unifica normas, amplía sanciones y obliga a las fiscalías a profesionalizar la investigación de estos casos.
La nueva Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos de extorsión forma parte de un paquete que también modifica cinco ordenamientos clave, entre ellos el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Con ello, se busca estandarizar las definiciones del delito, sus agravantes, los protocolos de actuación y las penas aplicables, que ahora irán de 15 a 25 años de prisión.
📌 Senadoras y senadores aprobaron, con modificaciones, la minuta que crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
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— Senado de México (@senadomexicano) November 20, 2025
Durante la discusión, los senadores avalaron ajustes que incorporan perspectiva de género en la atención a víctimas y aumentan las sanciones cuando la extorsión se realice mediante dispositivos electrónicos, plataformas digitales o señales transmitidas por cualquier medio tecnológico. También se establecen penas de 10 a 20 años para servidores públicos que omitan denunciar estos casos ante el Ministerio Público.

El dictamen establece que las fiscalías deberán contar con unidades especializadas, policías y ministerios públicos capacitados, certificados y preparados para investigar adecuadamente este delito, cuya operación —advirtieron legisladores— se ha expandido desde centros penitenciarios gracias al uso de tecnologías de comunicación.

La reforma surge tras la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el propósito de unificar criterios en todo el país. Hoy, cada estado sanciona la extorsión de manera distinta, lo que ha dificultado su persecución y favorecido la impunidad. Ahora, el proyecto regresa a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.






