La Cámara de Diputados aprobó este martes la nueva Ley General en materia de Extorsión, una reforma que endurece las sanciones contra este delito y que ahora fue turnada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La medida, respaldada por la mayoría legislativa, permitirá imponer hasta 42 años de prisión a quienes participen en este tipo de conductas.
La votación concluyó con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención, luego de que se ratificaran los cambios enviados por el Senado. Con esta ley, se busca unificar el marco legal en todo el país para facilitar la investigación y castigo de la extorsión, considerada una de las prácticas criminales con mayor crecimiento en los últimos años.
La reforma también modifica el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y diversas leyes relacionadas con delincuencia organizada, extinción de dominio y funciones del Poder Judicial. Entre las nuevas disposiciones, se establecen penas de 15 a 25 años de cárcel para quienes obliguen a una persona a realizar o tolerar algo en beneficio propio o de terceros, causando daño físico, psicológico o patrimonial.
Asimismo, se incrementan las penas cuando la extorsión se cometa mediante el uso de dispositivos electrónicos, plataformas digitales, armas o instrumentos peligrosos, o cuando afecte directamente a la economía de una comunidad. Para servidores públicos que participen en este delito, la prisión será de 10 a 20 años.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 se registraron 10 mil 804 víctimas de extorsión en el país. El Ejecutivo federal argumentó que la falta de uniformidad en las leyes estatales ha favorecido la impunidad, razón por la cual promovió esta iniciativa el pasado 20 de octubre.
