La Cámara de Diputados encendió el debate nacional al aprobar sanciones penales para quienes produzcan o comercialicen vapeadores, una medida que busca frenar su expansión pero que también desató fuertes críticas de la oposición. Con esta decisión, el país endurece su postura frente a los cigarrillos electrónicos en medio de un consumo creciente entre jóvenes y adultos.
El dictamen aprobado establece penas de uno a ocho años de prisión, además de multas de hasta dos mil UMAs equivalentes a más de 226 mil pesos para quienes fabriquen, distribuyan o vendan vapeadores. La reforma modifica la Ley General de Salud e incluye la prohibición de toda publicidad y promoción relacionada con estos dispositivos en medios digitales, impresos y audiovisuales.
Durante la discusión, diputadas y diputados de oposición acusaron al bloque oficialista de impulsar una medida que, según dijeron, favorecerá el mercado clandestino. La legisladora Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, afirmó que no regular productos ya consumidos “solo abre la puerta al crimen organizado” y reprochó que algunos legisladores que apoyaron la reforma “son consumidores de vapeadores”.
La nueva legislación también abarca otras restricciones: se prohíbe la producción y distribución de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, así como el uso ilícito de fentanilo, reforzando el marco legal para combatir estas prácticas.
Con esta iniciativa, el Congreso envía un mensaje de cero tolerancia a la fabricación y comercio de cigarrillos electrónicos, aunque la discusión sobre sus efectos y la necesidad de regulación continuará en la agenda pública.
