A partir de este 9 de enero, todos los usuarios de telefonía móvil en México deberán asociar su línea a una persona física o moral, una medida impulsada por el Gobierno Federal con el argumento de combatir delitos como extorsión, fraude y secuestro, pero que ha encendido alertas entre organizaciones defensoras de la privacidad.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advirtió que el registro obligatorio implica riesgos graves para la protección de datos personales, al obligar a millones de usuarios a entregar información sensible —incluida la CURP y, en algunos casos, datos biométricos— a empresas telefónicas, bajo la amenaza de suspensión del servicio en caso de incumplimiento.
Pepe Flores, director interino de R3D, señaló que la medida refuerza un esquema de vigilancia con amplias facultades para las autoridades, ya que permite solicitar información a las compañías sin orden judicial y con escasas salvaguardas. De acuerdo con el activista, los sectores más expuestos son periodistas, activistas, opositores, migrantes y personas que protestan, quienes podrían enfrentar mayores riesgos de persecución o uso indebido de sus datos.
Aunque la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones sostiene que la información permanecerá bajo resguardo de las empresas conforme a la ley de protección de datos, R3D advierte que las compañías están obligadas a entregar la información cuando sea requerida por autoridades de seguridad, lo que debilita las garantías de privacidad. Además, el organismo duda que el registro reduzca la incidencia delictiva y anticipa posibles efectos colaterales, como un aumento en el robo de teléfonos para cometer ilícitos.
El registro forma parte de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada en julio de 2025, pese a antecedentes como la invalidación del PANAUT por la Suprema Corte en 2022. Ante este escenario, R3D llamó al Poder Judicial a actuar como contrapeso y revisar posibles violaciones a derechos como la presunción de inocencia, la privacidad y la protección de datos personales.
