La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que no utilizará las camionetas blindadas recientemente adquiridas para los ministros, luego de la polémica generada por su compra. La decisión, informó el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, busca reafirmar el compromiso del máximo tribunal con la austeridad y el uso responsable de los recursos públicos.
Durante conferencia de prensa, Aguilar Ortiz señaló que se solicitará iniciar el proceso de devolución de los vehículos, o bien, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos, al subrayar que “seguridad no implica lujo” y que servir al pueblo debe hacerse “con el mínimo necesario”.
El presidente de la Corte precisó que no existe actualmente información sobre riesgos de seguridad para los ministros, por lo que, tras dialogar con el Pleno, se acordó prescindir del uso de las unidades blindadas y operar bajo criterios de austeridad.
Aguilar Ortiz explicó que la compra de las camionetas se originó a partir de recomendaciones de seguridad y evaluaciones técnicas que detectaron fallas mecánicas y blindajes vencidos en el parque vehicular anterior. Detalló que los análisis condujeron a la renovación parcial de las unidades y a la recomendación de desincorporar y poner a la venta 21 vehículos.
Añadió que la austeridad “no es un acto simbólico”, sino una política administrativa que refrenda el respeto al pueblo de México, y afirmó que la Corte actúa con plena autonomía e independencia. Incluso señaló que puede utilizar transporte público sin inconvenientes.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró positiva la decisión del máximo tribunal, al señalar que se trata de una nueva etapa en la Corte y que debe existir una visión distinta frente a la ciudadanía.
En otro tema, Aguilar Ortiz fue cuestionado sobre la renuncia de la magistrada Lorena Pérez Romo al Órgano de Administración Judicial. El ministro presidente dijo desconocer las causas y descartó que se trate de una situación de presión, mientras que el titular del órgano aseguró que no se vulneraron derechos laborales y que el sellado de oficinas es un procedimiento habitual.
