Directora de un medio de comunicación digital tamaulipeca presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas (2016-2022).
La acusación sostiene que, durante su administración, se implementó una política de Estado orientada al uso ilegítimo de la fuerza pública, resultando en crímenes de lesa humanidad como asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y persecución sistemática contra la población civil.
La denuncia fue presentada ante la Corte Penal Internacional de La Haya (Países Bajos) y ya fue firmada de recibido. Asimismo, el miércoles 4 de febrero se entregó una copia de la demanda en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en la Ciudad de México, donde se aportaron pruebas de la presunta responsabilidad penal del exmandatario bajo el artículo 28 del Estatuto de Roma, en su calidad de superior jerárquico con control efectivo sobre las corporaciones policiales señaladas como perpetradoras.
El documento destaca el papel del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET) y del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), unidades tácticas que habrían operado bajo órdenes directas o indirectas del Ejecutivo estatal.
Según la denuncia, estas instituciones, más que combatir a la delincuencia, fueron dirigidas contra la ciudadanía tamaulipeca mediante espionaje con tecnología invasiva y operativos de “alto impacto” que derivaron en violaciones graves a los derechos humanos.
García Cabeza de Vaca habría diseñado la estructura normativa que permitió a estos grupos actuar con opacidad y sin sujeción a los controles constitucionales en materia de intervención de comunicaciones.
Entre los hechos específicos que sustentan la denuncia se encuentra la masacre de 19 personas, en su mayoría migrantes centroamericanos, en Camargo en enero de 2021, donde se acreditó la participación de policías estatales que ejecutaron y calcinaron a las víctimas.
También se documentan ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo (2019), donde agentes del GOPES habrían manipulado la escena del crimen colocando vestimenta militar a civiles para simular un enfrentamiento, así como el caso de Juan Daniel Ortiz Martínez en Río Bravo (2020), cuyo vehículo recibió 242 impactos de bala por parte de la Policía Estatal.
Estos eventos son presentados como parte de un patrón de actuación recurrente y presuntamente tolerado por la principal autoridad del estado.
La denuncia también señala graves omisiones en la protección de defensores de derechos humanos, citando el asesinato de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez el 10 de mayo de 2017, en la puerta de su casa en San Fernando, Tamaulipas, pese a contar con medidas de protección oficiales que resultaron ineficaces. La víctima exigía justicia por el asesinato de su hija.
Asimismo, se mencionan las desapariciones forzadas de 13 personas en Nuevo Laredo durante 2018, donde se documentó el uso de vehículos oficiales del Gobierno del Estado en operativos conjuntos con la Secretaría de Marina, lo que evidenciaría una presunta colusión institucional.
La querella enfatiza que el derecho a la verdad es fundamental para la sociedad tamaulipeca frente a este historial de violencia institucionalizada.
Finalmente, se solicita a la Fiscalía de la CPI iniciar una investigación formal para atribuir responsabilidad penal individual al exgobernador, así como la colaboración del gobierno mexicano por la vía diplomática y garantías de seguridad para la denunciante ante posibles represalias.
