Autoridades federales detuvieron al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego «N», así como a tres funcionarios municipales, por su presunta participación en actos de extorsión denunciados por la ciudadanía, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Junto al presidente municipal fueron arrestados el director de Seguridad Pública, Juan Manuel; el director de Catastro y Predial, Juan Gabriel; y el director de Obras Públicas, Isaac Carbajal, quienes presuntamente exigían pagos ilegales a empresarios y comerciantes del municipio, además de ser investigados por desvío de recursos públicos.
En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego “N”,…
— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 5, 2026
De acuerdo con las indagatorias oficiales, los funcionarios habrían operado un esquema de extorsión desde el Ayuntamiento, y las investigaciones también apuntan a posibles vínculos con una célula criminal. Las detenciones se realizaron como parte del Operativo Enjambre, estrategia federal enfocada en desarticular redes criminales infiltradas en gobiernos municipales.
Este operativo inició en el Estado de México y previamente derivó en la detención de presidentes municipales y servidores públicos de Amanalco, Tejupilco y Almoloya de Alquisiras, relacionados con diversos delitos de alto impacto.
Uno de los casos más visibles atribuidos a la administración de Diego «N» fue el intento de cobro de 60 millones de pesos por concepto de impuesto predial a la empresa tequilera José Cuervo, así como la colocación de sellos de clausura que impidieron temporalmente su operación. La situación fue revertida tras la intervención del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien señaló que el cobro no tenía sustento legal.
Tras la detención, el Morena en Jalisco emitió un comunicado en el que retiró su respaldo político al alcalde y reiteró que nadie está por encima de la ley, señalando que el proceso deberá desarrollarse conforme al marco jurídico vigente y respetando el derecho a la defensa.
