El Tribunal de Disciplina Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inhabilitó y cesó al Juez Séptimo de Distrito, Juan Fernando Alvarado López, al acreditar que actuó de manera parcial e ilegal para favorecer al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
La resolución, publicada este 12 de febrero, concluyó que durante al menos cuatro años el juzgador otorgó suspensiones y amparos sistemáticos que obstaculizaron investigaciones penales y frenaron la acción de la justicia federal.
El procedimiento se originó tras diversas denuncias, entre ellas la presentada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, además de que desde 2022 existían al menos 37 quejas contra jueces y magistrados federales en Reynosa por presuntamente brindar protección al exmandatario.
Entre los hechos acreditados, el Tribunal determinó que el juez intervino en el proceso electoral de 2024, cuando Cabeza de Vaca intentó registrarse como diputado federal plurinominal por el PAN. Pese a que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó su registro, el juez concedió una suspensión para inscribirlo.
El fallo señala que el exgobernador buscaba evadir requisitos constitucionales, entre ellos acreditar residencia en el país y recuperar derechos políticos, aun cuando salió de México desde septiembre de 2022 y enfrenta dos órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El Tribunal también acreditó que el juzgador protegió al entonces fiscal anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, al otorgarle una suspensión para impedir su remoción, aun cuando no había aprobado los exámenes de control y confianza.
La resolución establece que estas actuaciones constituyen faltas graves y abuso de funciones, al intervenir en asuntos fuera de su competencia y violar los artículos 99 y 107 de la Constitución, que prohíben a jueces de distrito pronunciarse en materia político-electoral.
El fallo sostiene que las decisiones formaron parte de una red de complicidad y corrupción destinada a permitir que el exgobernador evadiera la acción de la justicia.
Por la gravedad de las conductas, el Tribunal determinó inhabilitar al juez para ocupar cargos públicos y participar en contrataciones gubernamentales, confirmando que durante años operó una estructura judicial de protección al exmandatario que ahora comienza a desmantelarse.
