El Senado de la República aprobó la reforma constitucional en materia electoral, conocida como Plan B, en la que se decidió mantener sin cambios la revocación de mandato para 2027, tras eliminar modificaciones al artículo 35.
El dictamen fue avalado con 87 votos a favor y 41 en contra, alcanzando la mayoría calificada, por lo que ahora fue turnado a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.
Durante la discusión en lo particular, la mayoría aceptó una reserva presentada por la senadora Lizeth Sánchez García, con la que se eliminaban los cambios relacionados con la revocación de mandato, al considerar que no debe mezclarse con procesos electorales.
La legisladora argumentó que la revocación y las elecciones tienen propósitos distintos, y advirtió que combinarlos podría distorsionar su sentido democrático, pese al respaldo de su bancada al proyecto del gobierno federal.
Entre los principales cambios aprobados, se establece la reducción de costos del sistema electoral, límites a los salarios de autoridades electorales y ajustes en la integración de los ayuntamientos, que podrán contar con una sindicatura y hasta 15 regidurías.
Asimismo, se fija que los congresos estatales no deberán exceder el 0.7% del gasto total, y que ningún funcionario electoral podrá ganar más que la persona titular del Ejecutivo federal.
El proyecto también contempla una reducción progresiva del presupuesto del Senado de hasta un 15% en los próximos años, como parte de la política de austeridad impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La reforma forma parte del nuevo paquete electoral promovido por el Ejecutivo, con el objetivo de reducir gastos, limitar privilegios y modernizar el sistema electoral en el país.
