El director de Tránsito de Victoria, José Javier Córdova González, aseguró que la corporación mantiene una política de puertas abiertas para atender las denuncias de conductores que consideren haber sido víctimas de malos tratos o irregularidades por parte de los agentes viales.
El funcionario informó que, desde que asumió el cargo, se han elaborado 29 mil 871 actas de infracción, de las cuales únicamente 550 han derivado en algún tipo de inconformidad, ya sea mediante recursos ante tribunales administrativos o quejas presentadas ante distintas instancias, lo que representa el 1.84 por ciento del total.
Detalló que las principales quejas están relacionadas con aspectos técnicos durante los operativos, como la falta de explicación del procedimiento por parte de los elementos o errores en la elaboración de las actas de infracción, situaciones que incluso han provocado que algunos jueces resuelvan a favor de los conductores.
Ante ello, explicó que la Dirección de Tránsito implementó un protocolo de actuación para los operativos, en el que los agentes deben identificarse, explicar el motivo de la revisión y documentar correctamente cada intervención. Además, las infracciones del operativo antialcohol ya no se llenan de manera manual, sino que se imprimen con apoyo de personal administrativo para reducir errores.
Córdova González destacó que cuando un ciudadano acude a la corporación para manifestar una inconformidad, recibe atención inmediata.
«Cuando viene una persona y piensa que fue mal tratada, le ponemos un abogado de la Dirección para que le ayude a elaborar su acta de inconformidad o su queja. Hay total apertura y no vamos a solapar ningún maltrato», afirmó.
Asimismo, señaló que la corporación colabora con la Contraloría, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y otras autoridades cuando existe alguna investigación contra elementos de Tránsito, reiterando que no se protegerá a ningún servidor público que incurra en irregularidades.
Finalmente, invitó a la ciudadanía a presentar sus denuncias por los canales institucionales y no quedarse únicamente con publicaciones en redes sociales, al asegurar que toda persona que se sienta afectada será escuchada y su caso será atendido conforme a la ley.
