Una jueza de control vinculó a proceso a la exsecretaria de Bienestar del gobierno de Francisco “N”, a quien identificaremos como “Y griega”, por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de facultades y atribuciones, dentro de la investigación relacionada con un presunto quebranto al erario por 985 millones de pesos.
Tras una audiencia que se prolongó por aproximadamente ocho horas, la jueza de control Gloria Paloma Gómez de la Cruz resolvió que existen datos de prueba suficientes para establecer la probable participación de la exservidora pública en los hechos investigados.
Durante la resolución, la juzgadora determinó:
“Se vincula a proceso por el hecho con apariencia de delito de uso ilícito de facultades y atribuciones, sancionado por el Código Penal de Tamaulipas”.
Asimismo, sostuvo que con los datos de prueba aportados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) se acredita, en esta etapa procesal, un grado de probabilidad sobre la participación de la imputada.
La jueza agregó que la conducta atribuida corresponde a la de autora material, actuando presuntamente de manera dolosa, al tratarse de un delito de carácter instantáneo.
Como parte de la resolución, se concedió un plazo de seis meses para la investigación complementaria y se fijó el 4 de enero de 2027 como fecha para la siguiente audiencia.
Llevará el proceso en libertad
Pese a la vinculación a proceso, la exfuncionaria continuará enfrentando el procedimiento en libertad debido a que cuenta con un amparo vigente que impide que sea privada de su libertad dentro de esta carpeta de investigación.
Además, otro amparo vigente ordena proteger sus datos personales, por lo que no pueden hacerse públicos su nombre completo, domicilio, estado de salud, ocupación actual y demás información considerada sensible.
Contratos por 985 millones de pesos
Durante la audiencia, la defensa intentó desvirtuar las pruebas presentadas por la Fiscalía Anticorrupción; sin embargo, la jueza concluyó que no logró acreditar que la exsecretaria fuera ajena a la celebración de cuatro contratos para la adquisición de despensas por un monto superior a los 985 millones de pesos.
Incluso, la propia juzgadora destacó que información presentada por la defensa fortaleció la hipótesis de la Fiscalía, al advertirse que la imputada presuntamente participó como secretaria técnica del Comité de Compras de la Secretaría de Bienestar en la autorización de contratos celebrados entre 2021 y 2022 con las empresas JD Abarrotes y Perecederos y Aldekom.
Como parte de su estrategia jurídica, la defensa argumentó que durante la pandemia existían decretos que permitían realizar adjudicaciones directas para atender a grupos vulnerables; no obstante, dichos planteamientos no fueron suficientes para evitar la vinculación a proceso.
Con esta resolución, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción continuará con la investigación complementaria para robustecer la carpeta y determinar, entre otros aspectos, el alcance de la presunta responsabilidad de la exfuncionaria y la posible reparación del daño al patrimonio público.
