El Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó una reforma al artículo 295 del Código Penal estatal que amplía las sanciones contra quienes incumplan con sus obligaciones alimentarias, incorporando nuevas protecciones para adultos mayores y jóvenes que continúan sus estudios profesionales.
La modificación, impulsada por la diputada Guillermina Magaly Deandar Robinson y respaldada por legisladores de Morena, Movimiento Ciudadano y el PRI, busca garantizar el derecho a una subsistencia digna a través del cumplimiento efectivo de las responsabilidades familiares.
Con la reforma, el delito de abandono de obligaciones alimenticias ahora aplicará no solo a quienes dejen de proporcionar alimentos a sus hijos menores, cónyuges o concubinos, sino también a padres y madres que dependan de sus hijos, así como a jóvenes mayores de 18 años que aún cursen estudios profesionales, quienes conservarán el derecho a recibir apoyo económico hasta concluir su carrera o titularse.
Las comisiones dictaminadoras destacaron que esta medida fortalece la protección de los sectores vulnerables y armoniza la legislación penal con el Código Civil estatal, garantizando la justicia social y el principio de reciprocidad familiar. Además, busca reducir la impunidad en los casos de incumplimiento de pensiones alimenticias y promover una cultura de responsabilidad y solidaridad dentro de las familias tamaulipecas.
El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, con lo cual Tamaulipas se coloca a la vanguardia nacional en la protección penal del derecho a los alimentos.
