En medio de un ambiente tenso en San Lázaro, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley General de Aguas, un proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que obtuvo 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones. La iniciativa avanza ahora a su discusión en lo particular, tras un debate marcado por protestas de agricultores y críticas de la oposición.
La propuesta busca definir un nuevo marco para el uso del agua en actividades productivas, ordenar las concesiones y garantizar la disponibilidad del recurso para toda la población. A pesar del fast track legislativo, el dictamen ha recibido más de 50 ajustes desde su primera presentación, principalmente por presiones del sector agrícola, que advirtió riesgos en temas como la herencia de concesiones, el uso del agua para actividades primarias y la penalización de prácticas tradicionales de abasto.
#ALMOMENTO | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprobó, en lo general, el dictamen por el que se expide la Ley General de Aguas, y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. pic.twitter.com/h74fnrJsSn
— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 4, 2025
Mientras los legisladores sesionaban, productores agrícolas cercaron con tractores el recinto legislativo para exigir modificaciones adicionales. Estas presiones derivaron en cambios sustanciales a artículos clave, como el 49, que ahora asegura que al heredar, vender o transferir tierras con título de concesión, los nuevos propietarios conservarán los mismos derechos de uso del agua para actividades agrícolas, ganaderas o forestales. También se modificaron diversos artículos para redefinir sanciones, precisar transmisiones de derechos y establecer criterios más claros para la reasignación de volúmenes.
El dictamen también contempla que el Estado sea el único responsable de regular el agua y pone fin al régimen de transmisiones entre particulares. Asimismo, ordena que toda concesión no utilizada regrese a la Conagua, crea un Registro Nacional del Agua y redefine penas para delitos relacionados con el manejo del recurso. La discusión en lo particular continúa, con más de 500 reservas por atender y con el pleno dividido entre quienes respaldan los ajustes y quienes sostienen que la reforma aún no responde a las preocupaciones del campo.
