En un movimiento que elevó la presión política y judicial contra el exgobernador Francisco Javier “N”, legisladores locales y federales de Tamaulipas acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir que se investigue y castigue su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, extorsión y tráfico ilegal de hidrocarburos. Las acciones fueron respaldadas por más de 100 mil firmas de ciudadanos que piden justicia.
Los diputados Humberto Prieto Herrera y Elifa Gómez Lozano entregaron una denuncia penal en la FGR, donde solicitaron que se profundice en las presuntas operaciones de huachicol fiscal que, aseguran, ocurrieron durante el sexenio panista de 2016 a 2022. Prieto afirmó que existen señales de encubrimiento al señalar que, pese a haber asegurado 200 mil litros de combustible ilegal en una sola ocasión, no hubo posteriores decomisos a pesar de mantener retenes y operativos durante años.
En respuesta a cuestionamientos de medios nacionales, el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna enfatizó que confían en lograr la extradición del exmandatario, actualmente en Estados Unidos, argumentando que habría utilizado de manera irregular su nacionalidad norteamericana para evadir la justicia. Recordó que, para aspirar a cargos públicos en México, García Cabeza de Vaca debió renunciar formalmente a esa ciudadanía, lo cual —según señaló— está en duda y bajo revisión.
Tras entregar más de 100 mil firmas ciudadanas en la Corte, la dirigente estatal de Morena, Lupita Gómez, sostuvo que la población exige un castigo ejemplar y la recuperación de recursos presuntamente desviados. Los legisladores fueron recibidos por el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, a quien plantearon directamente las demandas del pueblo tamaulipeco y solicitaron que el caso avance sin dilaciones.
