Tras el retiro de más de 250 cámaras de videovigilancia instaladas de forma ilegal en distintos puntos del estado, el gobierno de Tamaulipas alista una iniciativa de ley para regular todos los sistemas de vigilancia privados y evitar que sean utilizados por el crimen organizado.
La propuesta, que será enviada en las próximas semanas al Congreso del Estado, plantea la creación de un padrón estatal de cámaras, con el objetivo de identificar a los propietarios, conocer las características técnicas de los dispositivos y definir el uso para el que fueron instalados, informó el subsecretario de Enlace Legislativo, Rómulo Pérez Sánchez.
El funcionario explicó que la iniciativa busca integrar parte de la infraestructura privada al sistema del C5, fortaleciendo las labores de seguridad pública y cerrando espacios a redes clandestinas utilizadas por grupos delictivos para vigilar a la ciudadanía y a las corporaciones policiales. El control de estos equipos permitiría que la tecnología se utilice con fines de protección social y no como una herramienta para actividades ilícitas.
Como parte del proyecto, se analiza la incorporación de cámaras ubicadas en comercios y tiendas de conveniencia a la red estatal de videovigilancia, lo que ampliaría la cobertura del C5 y apoyaría las tareas de prevención e investigación del delito. Para ello, se realizará un diagnóstico que permita dimensionar el número de dispositivos existentes en establecimientos privados.
Rómulo Pérez Sánchez subrayó que actualmente Tamaulipas no cuenta con una ley específica en materia de videovigilancia, por lo que la iniciativa se construye desde cero, con asesoría de la Secretaría de Seguridad Pública y de entidades que ya cuentan con marcos normativos similares. El proyecto podría presentarse ante el Congreso hacia finales de este mes, una vez concluido el análisis técnico correspondiente.
