El aseguramiento de un buque con más de 10 millones de litros de hidrocarburo en las costas de Altamira, Tamaulipas, marcó el inicio de una de las investigaciones más relevantes contra el contrabando de combustible en México, permitiendo destapar una red criminal que operaba a nivel nacional y movía hasta un millón y medio de litros de manera ilegal cada semana.
De acuerdo con autoridades federales, este hallazgo permitió rastrear la operación de la organización conocida como “Petrofactureros”, dedicada al robo, traslado y comercialización ilícita de hidrocarburos mediante un esquema que incluía transporte marítimo, ferroviario y terrestre, utilizando buques, pipas, autotanques y tractocamiones para distribuir el combustible.
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la red utilizaba empresas fachada y documentación falsa para introducir el combustible al mercado formal. “Se logró desarticular una célula delictiva con capacidad de extracción de hasta un millón y medio de litros por semana”, detalló.
Por su parte, el Fiscal de la FGR, Ulises Lara López, explicó que a partir de este aseguramiento en Tamaulipas se identificó una red vinculada a más de 40 empresas que simulaban operaciones comerciales. “Se han detenido a varios participantes relacionados con estas empresas que operaban mediante esquemas fraudulentos”, señaló.
Entre los detenidos se encuentran seis presuntos integrantes clave de esta red, entre las que destacan Mauricio “N” alías «Burras», señalado como líder logístico y financiero; Jorge “N”, propietario de diversas gaseras; Joaquín Arturo “N”, operador legal; Julio César “N”, encargado de la logística de transporte; Lorenzo Javier “N”, responsable de la facturación del combustible ilícito; y otro implicado vinculado a las operaciones administrativas del grupo.
Las acciones operativas se desplegaron principalmente en Hidalgo y Estado de México, donde se ejecutaron más de 20 cateos, se aseguraron gaseras, vehículos, inmuebles y más de 150 mil litros de gas LP, además de debilitar la estructura financiera de la organización.
Las autoridades estiman que esta red generó operaciones simuladas por más de 23 mil millones de pesos, utilizando centros de carburación y empresas de transporte como fachada para el lavado de dinero. La investigación continúa para ubicar a más involucrados y desarticular por completo la estructura.
