Tras una audiencia de más de nueve horas, una jueza impuso prisión preventiva justificada a YAC por presunto uso ilícito de atribuciones; sin embargo, un amparo federal impide ejecutar la medida mientras continúa el proceso.
Luego de una audiencia que se extendió por más de nueve horas, la exsecretaria de Bienestar de Tamaulipas, identificada como YAC, recibió la medida cautelar de prisión preventiva justificada dentro del proceso penal que enfrenta por el presunto delito de uso ilícito de facultades y atribuciones.
No obstante, la medida no podrá ejecutarse debido a un amparo vigente, radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo bajo el expediente 105/2026, el cual impide la privación de su libertad durante el desarrollo del juicio correspondiente a la carpeta de investigación 0733/2025.
¿Qué resolvió la jueza durante la audiencia?
La audiencia comenzó a las 17:24 horas del 25 de junio y concluyó a la 1:46 de la madrugada del 26 de junio. Durante ese tiempo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas presentó diversos datos de prueba para sustentar la imputación contra la exfuncionaria.
Al inicio de la diligencia, YAC y su equipo de abogados solicitaron que la audiencia se desarrollara de manera privada, sin acceso a medios de comunicación, además de pedir que se realizara de forma virtual debido al presunto acoso mediático que, aseguraron, enfrenta la imputada.
La defensa fundamentó su petición en el amparo 65/2026, otorgado por el Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, el cual establece que no debe divulgarse el nombre completo, domicilio, condición médica y ocupación actual de la exservidora pública. Sin embargo, la jueza de control y enjuiciamiento, Gloria Paloma Gómez de la Cruz, declaró improcedente la solicitud y determinó que la audiencia continuara de manera pública y presencial.
Durante la diligencia, la juzgadora informó a la imputada sobre sus derechos procesales y le preguntó si deseaba emitir alguna declaración respecto a los hechos que se le atribuyen. Como única respuesta, YAC manifestó: «Es mi deseo guardar silencio».
¿De qué la acusa la Fiscalía Anticorrupción?
La Fiscalía sostiene que los hechos ocurrieron a partir del 12 de noviembre de 2021, cuando YAC se desempeñaba como titular de la Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas y presuntamente solicitó al entonces secretario de Administración adjudicar de manera directa contratos para la adquisición de despensas.
De acuerdo con la acusación, las empresas JD Abarrotes y Perecederos S.A. de C.V. y Aldecón S.A. de C.V. recibieron contratos por un monto total de 985.2 millones de pesos para la compra de 2 millones 400 mil despensas, sin recurrir a procesos de licitación pública.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se encuentran oficios certificados, facturas, requisiciones, comprobantes de pago y documentación relacionada con la gestión de los contratos, derivados de una denuncia presentada por la entonces secretaria de Bienestar, Verónica Adriana Aguirre de los Santos.
Asimismo, el Ministerio Público señaló que las adjudicaciones rebasaban ampliamente el límite de 6.5 millones de pesos permitido para este tipo de procedimientos, establecido en los Presupuestos de Egresos de 2021 y 2022, además de que no se analizaron las mejores condiciones del mercado.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
Por su parte, la defensa sostuvo que la responsabilidad de formalizar los contratos correspondía a la Secretaría de Administración y no a la entonces titular de Bienestar, además de afirmar que la Fiscalía omitió valorar aspectos relevantes como el contenido de las despensas adquiridas.
La jueza fijó para el próximo 1 de julio, a las 13:00 horas y de manera presencial, la audiencia en la que se determinará si YAC es vinculada o no a proceso por el delito imputado.
Al concluir la diligencia, la exsecretaria aseguró ante los medios de comunicación que «da la cara» porque considera que las acusaciones carecen de pruebas suficientes y afirmó que continuará atendiendo el proceso conforme a derecho.
