La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió, este martes 19 de marzo, el bloqueo que había impuesto a la ley SB4, la cual permite a las autoridades policiales de Texas detener a las personas que sean sospechosas de cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México.
Tras una votación de tres jueces en contra y seis a favor, la Suprema Corte estadounidense decidió que en el estado de Texas se comience a aplicar la ley SB4, con el objetivo de que se arresten a personas sospechosas de haber cruzado la frontera.
Cabe señalar que la decisión de la Corte sobre esta ley otorga a los policías de Texas un poder para detener, procesar y deportar a las personas que crucen ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México.
A 24 horas de haber sido suspendida la ley SB4 y de forma indefinida, por la misma Suprema Corte estadounidense, este martes la mayoría de los jueces del máximo trbunal decidió que la ley sí entre en vigor.
De acuerdo con la Suprema Corte, primero se debe determinar la constitucionalidad de la norma en una corte de apelaciones, antes de que lo haga el máximo tribunal de Estados Unidos.
Esta ley ha sido bloqueada desde el 29 de febrero, cuando un juez federal de Austin bloqueó la entrada en vigor de la ley, argumentando que entraba en conflicto con la aplicación de la ley federal. Este primer bloqueo duraba hasta el día 18 de marzo, sin embargo, fue suspendida por el juez de la Suprema Corte, Samuel Alito.
Recordemos que el pasado martes 12 de marzo, el juez Samuel Alito emitió una prórroga para prolongar el bloqueo de esta norma, el cual expiraba el día de ayer.
Por su parte el gobernador de Texas, Greg Abbott, publicó un mensaje al respecto en su cuenta de X, en el cual escribió:
El Gobierno de México, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), condenó la decisión. En un comunicado, la Secretaría señaló que esta legislación busca detener el flujo migrante «mediante su criminalización, fomentando la separación de familias, discriminación y perfilamiento racial», atentando contra los derechos humanos.
Asimismo, reiteró su derecho legitimo de proteger los “derechos de sus nacionales en los Estados Unidos y el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio”.
La SRE no únicamente condenó esta decisión, sino que cuestionó las condiciones legales que afectan los derechos humanos de más de 10 millones de personas de origen mexicano que radican en Texas.
