En una jornada llena de polémica y tensión, la Cámara de Diputados dio luz verde, en lo general, a la reforma del Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La votación, celebrada en la madrugada del miércoles 3 de septiembre, se llevó a cabo en una sede alterna debido a las manifestaciones de trabajadores judiciales que bloquearon el recinto legislativo.
Con 359 votos a favor, 135 en contra y ninguna abstención, la reforma fue aprobada tras un largo debate de más de 12 horas y seis rondas de discusión. El bloque oficialista, liderado por Morena y sus aliados, logró reunir los dos tercios necesarios para la aprobación de la enmienda constitucional, que introduce cambios profundos en el sistema judicial mexicano.
Entre las propuestas más discutidas se encuentra la elección popular de jueces y ministros, a partir de listas presentadas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esta reforma, presentada en febrero, ha suscitado reacciones tanto nacionales como internacionales. El presidente López Obrador ha defendido la iniciativa, argumentando que busca mayor transparencia y rendición de cuentas en el Poder Judicial, desestimando las críticas de Estados Unidos y Canadá como “injerencistas”.
El Senado, donde el oficialismo está a un voto de la mayoría calificada, será el siguiente en analizar y votar la reforma en los próximos días. Mientras tanto, el embajador estadounidense Ken Salazar ha expresado preocupación por las posibles consecuencias de la reforma en la relación comercial entre México y Estados Unidos, destacando su impacto en el T-MEC y la seguridad jurídica. El gobierno mexicano ha respondido asegurando que la estabilidad económica y el comercio bilateral no se verán comprometidos.
Si la reforma es avalada por el Senado, marcará un cambio trascendental en el sistema judicial mexicano, alterando profundamente la manera en que se administra la justicia en el país. Los próximos días serán cruciales para observar cómo se desarrollan los debates y si las preocupaciones planteadas por distintos sectores serán atendidas.
El dictamen de reforma incluye modificaciones significativas, como la reducción de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9, la rotación bianual de la presidencia, y la eliminación de fondos y fideicomisos. Además, el Tribunal de Disciplina Judicial será el encargado de gestionar la disciplina de jueces y magistrados, mientras que la administración del Poder Judicial recaerá en un órgano especializado.
Entre los cambios más relevantes también se encuentran la reducción del periodo de los ministros de 15 a 12 años y la eliminación del derecho a pensión vitalicia. Por otro lado, se elimina el requisito de edad mínima de 35 años para ocupar cargos de ministro, magistrado o juez, y se establecerá un proceso de elección ciudadana organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).
El proceso electoral extraordinario 2024-2025 será clave en la implementación de estas reformas, que si bien han sido defendidas por el gobierno, continúan siendo objeto de debate en distintos sectores de la sociedad mexicana.
