La Fiscalía española tomará declaración a dos ex empleadas de Julio Iglesias que lo denunciaron por presunta trata de personas y delitos sexuales, un paso que marca el inicio formal de la revisión judicial de un caso que ha generado fuerte impacto mediático y político tanto en España como a nivel internacional.
Las denunciantes, identificadas con nombres ficticios para proteger su identidad, trabajaron como empleada doméstica y fisioterapeuta del cantante y aseguran haber sido víctimas de violencia sexual, psicológica, física y económica entre enero y octubre de 2021, según informaron Amnistía Internacional y la organización Women’s Link, que acompaña legalmente el proceso.
De acuerdo con las organizaciones, los hechos fueron denunciados ante autoridades españolas debido a que la legislación de España permite investigar delitos cometidos en el extranjero, lo que abre una vía legal para el acceso a la justicia. La fiscalía cuenta con seis meses, prorrogables por otros seis, para determinar si el caso avanza o se archiva.
Los testimonios recabados señalan que el artista habría sometido a las mujeres a agresiones y acoso sexual, control de comunicaciones, restricciones a su libertad de movimiento y jornadas laborales excesivas, sin contrato ni días de descanso. Además, las asociaciones afirmaron haber sido contactadas por otras posibles víctimas que también habrían trabajado para el cantante.
Hasta el momento, Julio Iglesias, de 82 años, no ha emitido postura pública sobre las acusaciones. Las denuncias provocaron reacciones de figuras políticas en España, entre ellas la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien calificó los hechos denunciados como “aterradores” y expresó su respaldo a las víctimas, mientras líderes de la oposición pidieron que la investigación se realice con rigor ante la gravedad de los señalamientos.
